Partidos Políticos y Movimientos Sociales en Nicaragua: La disputa territorial y
la legitimidad democrática.[1]
Guillermo Gómez Santibáñez
Director del CIELAC/UPOLI
Palabras Claves: Política,
Democracia, Movimientos Sociales.
Resumen
La reconfiguración de los escenarios políticos
posdictaroriales en América Latina, ha planteado exigentes desafíos a los
viejos actores políticos, acostumbrados a la extensión del sufragio, la
representatividad y prerrogativas parlamentarias. Los partidos políticos han ejercido
tradicionalmente un peso enorme en el ejercicio del poder y en salvaguardar la
institucionalidad, sin embargo, a partir de la década de los años 80 del siglo
XX, comienzan a emerger fuertes luchas emancipatorias que reencauzan las
acciones políticas en un desplazamiento que va desde la revolución social a las
democracias transicionales como interpolación de los procesos sociales. Es la emergencia
de un nuevo sujeto social, que redefine el lugar de la política y el lugar de
la democracia.
“Es una ilusión o una hipocresía sostener que la democracia es posible
sin partidos políticos…la democracia es necesariamente e inevitablemente una
democracia de partidos”
H.
Kelsen (1929)
Introducción
Los escenarios pos
dictatoriales sobre los cuales han tenido que reacticularse los Partidos
Políticos y los Movimientos Sociales en Centroamérica, han estado signados por
una mala prensa de la política. El ciudadano común mira con reticencia, con
desconfianza a los políticos, y ha proyectado un descrédito hacia los partidos
políticos y aunque los políticos tengas distintas opciones ideológicas se cree en
la práctica que todos son zorros del mismo piñal.
Siendo la política, un
arma con una capacidad extraordinaria para la transformación social, y sus
teorías un constructo que la convierten en una ciencia fascinante, la conducta
política y la manera de hacer política, desprendida de la ética, en nuestros
países Centroamericano, ha hecho que ella sea vilipendiada y opacada en su imagen real como arte de lo posible o arte del
ejercicio del poder. Quizás esto sea en parte también porque el descrédito
moral del hombre político haya sido recogido por pensadores ilustres como
Zweig, quien pinta la biografía de Fouché como un hombre, versátil, audaz y
desprejuiciado, o porque Ortega y Gasset titula su análisis sobre Mirabeau el político pintando a un
individuo que vivió en el linde de lo ilícito e inmoral toda su vida. Será
también, quizás, que esto tenga que ver
con aquella frase de Lord Acton: “El poder tiene a corromper, y el poder
total corrompe absolutamente”.
De todas maneras,
tenemos siempre en el debate sobre la clase política y los partidos que ellos
representan, un tema necesario para calibrar bajo las siguientes razones:
- Los partidos son imprescindibles para consolidar y profundizar la democracia en nuestra región.
- La ausencia de partidos organizados y el carácter efímero en muchos casos de las coaliciones electorales explican en parte los problemas de la democratización en Centroamérica.
- Sin los partidos políticos no pueden existir la democracia representativa como hoy la concebimos y no hemos inventado todavía un sistema diferente que lo sustituya. No hay avance tecnológico ni instrumentos de expansión de democracia directa (plebiscito, referéndum, etc.) que nos den otra conclusión
- Las sociedades contemporáneas no pueden ser gobernadas por asambleas, como si estas fuesen estados ciudades relativamente pequeñas. Ellas necesitan sus representantes y las intuiciones que proporcionan esos representantes son los partidos.
- Los partidos políticos define la democracia.
Si todo lo anterior es
verdad, entonces la institucionalización de un sistema de partidos es condición
necesaria, aunque no suficiente, para la consolidación de nuestros regímenes
surgidos de las experiencias de democracias pos dictatoriales.
Pero por otra parte, mientras
en América Latina la democracia se ha expandido como régimen político, no
debemos cerrar los ojos frente a la crisis de legitimidad y representatividad
que enfrentan los sistemas de partidos políticos, como también el fuerte
cuestionamiento de las instituciones públicas debido a la incapacidad para dar
respuesta a las demandas más urgentes de la sociedad y a la desconfianza
ciudadana hacia el Estado y sus autoridades.
La década de los años
90 llevó al poder a muchos candidatos que no se consideraban políticos y que provenían de una atmosfera de crisis y
desazón de la política tradicional. Esto condujo a profundas transformaciones,
tanto como a colapso de los sistemas de partidos que jugaron un papel
beligerante durante los años 70 y 80.
La agenda del Consenso
de Washington produjo un desmantelamiento de la matriz estatal desarrollista de
inclusión social, implementó políticas de ajuste y reconfiguró el papel del Estado
subyugándolo al Mercado.
La crisis de
representatividad política está referida a la incapacidad de los sistemas de
partidos para generar un consenso parcial y canalizar demandas sociales. La
figura representativa de los partidos y su capacidad política se vieron
seriamente afectada por el conflictivo proceso de ajuste estructural y
liberalización económica sobre todo porque los partidos son generadores de
discursos, programas y prácticas constitutivas de acciones colectivas
democráticas.
Diversos estudios sobre
las imágenes públicas de los partidos políticos nos indican que:
- En Centroamérica la población desconfía de los partidos políticos. Esta es una opinión generalizada en distintos niveles
- Se piensa que se ha producido un distanciamiento entre la sociedad y los políticos
- Se cree por otro lado que los partidos políticos han sufrido un estrechamiento de sus funciones y que ahora deben competir con otras organizaciones, como Movimientos Sociales y ONG,s que cumplirían mejor el rol que tradicionalmente le pertenecían a los partidos.
Otro rasgo importante a
señalar en este diagnóstico, es que la correlación de fuerzas en América
Latina, desde los procesos de consolidación democrática pos dictaduras, han
reconfigurado los horizontes políticos con el retorno de las Izquierdas al
poder. La Izquierda Latinoamérica tiene, en los nuevos escenarios, una fuerza
cada vez mayor y una presencia más decisiva en el escenario político. Los
partidos con ideologías de izquierda, han tenido que reinventarse en medio de
estos nuevos desafíos, lo que hace que la acción de sus partidos y movimientos
sociales tenga un mayor protagonismo e incidencia en las esferas del poder.
Este accionar político se expresa en un discurso, un liderazgo, una
organización y un programa.
La crisis de legitimidad democrática.
La legitimidad y
justificación del poder estatal hunde sus raíces en el legitimismo dinástico y
en la idea sacral o sacerdotal de la autoridad gobernante. El desarrollo
político de la institucionalidad democrática del siglo XX es posterior a la
representación religiosa del poder estatal y llegó virtualmente agotado.
La justificación del
poder estatal perdió toda su fuerza persuasiva al querer legitimarse en una sociedad
que promueve la igualdad y que ha desacralizado la realidad, desplegando una visión
laica del mundo.
En medio de este vacío
de significaciones, que le quita soporte legítimo al ejercicio del poder, el
carácter democrático de la legitimidad sólo puede venir de la eficacia del
consentimiento popular, de la soberanía del pueblo. Esta perspectiva de poder
ciudadano, no sólo es funcional al conjunto de circunstancias sociales, sino
que se convierte en una idea-fuerza que incita a la imaginación y al compromiso
militante.
Un elemento legitimador
que quiso sustituir el carácter mágico y la eficacia soberana del poder estatal
fue el de la racionalidad ilustrada, que bajo el argumento de la
especialización profesional buscó someter las decisiones colectivas a las
competencias cognoscitivas. El sentido de esta perspectiva racionalista llevó a
creer al tecnócrata que el derecho a gobernar está en su propia competencia y
saber y no en el ascenso o la designación popular. La racionalidad técnica y
científica, convertida en tecnocracia, busca la aptitud de los medios, no de la
moralidad de los fines y por tanto no puede ofrece las respuestas deseadas. Poder
y conocimiento sólo puede convencer al ciudadano medio porque plantea la ida de
la idoneidad de los dirigentes y por que presupone que el comportamiento de éstos
últimos encausará sus acciones y su desempeño político dentro de la legitimidad
democrática que la investidura les demanda.
La idea de democracia y su encarnizada lucha por
apropiársela ha conducido a una desemantización del término y ha reducido el
concepto a un simple nudo de connotaciones que ha generado dura resistencia a
cualquier intento de aclaración o verificación.
Las vías que se han
seguido para establecer posibilidades de legitimación democrática, al menos en
nuestra región Latinoamericana, han sido, por un lado, la legitimidad al crédito, es decir, la que ha instalado dictaduras
militares bajo el reconocimiento tácito que el régimen de fuerza es un esfuerzo
represivo al servicio del rescate y defensa de la democracia. Esta legitimidad
al crédito tiene un carácter de invocación al futuro para revertir el presente
repulsivo y redimirlo. Esta invocación tiene un sentido sacrificial, pues la
brutalidad y el horror son pasajeros para recibir la recompensa de tiempos
mejores. El orden de facto amortigua la hostilidad y la desesperación de la gente
aludiendo a la democracia como factor hipotético de compromiso y fidelidad a
una forma política provisional para conseguir la credibilidad tanto en el plano
nacional como internacional. Por otro lado, se constituye también en
legitimador, la metafisización de la
democracia, es decir, esta deja de ser un conjunto de métodos e instrumentos
empíricos que hacen posible algún nivel de ejercicio de poder ciudadano para transformarse
en una cualidad inherente a la acción de cierto agente social, ya sea clase social,
etnia, partido, sindicato o movimiento social. Un elemento muy interesante de
esta metafisización es el papel que juegan las vocerías de estos agentes
sociales, como el de proclamar el compromiso consustancial de sus
representaciones institucionales con los objetivos materiales que el proceso democrático
quiere viabilizar; tales como la igualdad, la libertad, la participación, la
justicia, o el bienestar popular. En
nombre de esa proclama y su vocería se erigen como auténticos representantes de la causa democrática e intérpretes autorizados.
El
lugar de la democracia
Las corrientes minimalistas
suelen definir la democracia como un mecanismo o procedimiento para la elección
de gobernantes. Esta definición reduccionista de la democracia, usada principalmente
por políticos, constituye un recorte institucional que facilita el trabajo, mejora
las relaciones y sirve como un modo de resolución de conflictos.
El neoliberalismo, que
se ha impuesto como un proceso de reforma del estado, ha estado acompañado de un discurso que ha
consolidado la democracia básicamente a un régimen procedimental, es decir,
como competencia y negociación y no como construcción y aprendizaje colectivo.
Bajo el procedimentalismo democrático, el neoliberalismo reedita la vieja democracia
liberal en el cual los individuos aparecen un instante en la política para
renovar periódicamente la entrega de su libertad al estado. Esta es una
práctica ritual del mito del contrato social que viene a constituir al Estado.
En la democracia liberal, el rito de legitimación y renovación del contrato
social consagra la entrega de la libertad de los individuos en cada momento
electoral. Bajo la mentalidad del modelo de mercado el rito es renovado y
realizados por aquellos que deciden ser mediadores de la entrega de la libertad
de otros. El procedimentalismo es un modo de neutralizar y reducir lo social. De
aquí entonces que el neoliberalismo es la negación de la racionalidad
democrática pues impide la coexistencia de varias alternativas de desarrollo imponiendo
una definición monolítica de la estrategia de desarrollo económico que desmonta
las formas y los espacios políticos que son un obstáculos a la transnacionalización
de los procesos de acumulación y apropiación del plusvalor del relanzamiento
del capital.
La reforma neoliberal
en América Latina ha sido des democratizadora por cuanto ha permitido a muchos
sostener una estrecha relación entre mercado y democracia (tercera ola). Esto
ha significado que la democracia se ha organizado como competencia y selección
en función del capital y de las élites gobernantes. En tanto los sistemas de
partidos experimentaron un vacío de significado y un extraordinario predominio
de los empresarios, según las demandas de sus inversiones, el neoliberalismo
redefinió y rediseño la democracia de acuerdo a sus propios intereses y se
convirtió en la conciencia y discurso monopólico que quiere reducir el peligro redistributivo
y el de las limitaciones a la acumulación.
Un aspecto que
considero necesario dejar en claro es que la democracia está incorporada en
nuestro imaginario social pero ha sido delimitada al marco estrictamente
electoral. Los partidos políticos han explotado muy bien esto en su beneficio.
Lo que hay que señalar, sin embargo, es que la democracia no nació, ni se ha
perfeccionado en la modernidad, como un procedimiento meramente electoral. De
acuerdo a la tradición aristotélica la democracia es un proceso social y
político que nace cuestionando la propiedad oligárquica de la riqueza y su
efectiva pero parcial redistribución de la misma. La idea de democracia y su
práctica, históricamente han servido como termómetro y regulador de las
formas de gobierno y su participación
deliberativa de cara a reducir la desigualdad social y económica.
En el discurso
neoliberal la democracia es procedimental, apela a su forma y a su contenido,
pero es discontinuo en su aplicación, en su lugar y tiempo, debido a que se
desplaza permanentemente. Para muchos, en principio, la democracia es
resolución de conflictos, ya que se tiene la idea que aplicación y el respeto a
ella deviene en paz y justicia, pero lo que en verdad sucede es que la
democracia es un planteamiento de un
conflicto específico en torno a algún tipo de desigualdad existente. En
esto hay un asunto clave; la democracia no es la simple solución de un problema
colectivo, sino el desarrollo de una forma política que implique el ejercicio
de la igualdad.
Aquí hay un aspecto muy
importante que quiero subrayar; los partidos políticos, tanto de izquierda como
derecha en Nicaragua, deben tener bien claro que la democracia no es la
conquistar del poder para tener poder y defender privilegios, sino que el poder
se conquista para ejerce la igualdad política para atacar la desigualdad social
y económica entre tantas otras forma de desigualdad social. Cuando esto no
sucede en la vida política, de manera regular y en la forma de gobierno
vigente, entonces los impulsos democratizadores se generan de manera endógena
al sistema y los conflictos son planteados por fuerzas sociales y políticas
constituida o reconstituida para problematizar algunas desigualdades o algún
aspecto del conjunto de desigualdades existentes.
Los procesos
democratizadores pueden ocurrir cuando se cuestiona el orden establecido y sus
desigualdades. Estos no siguen procedimientos, sino que los desbordan debido a
que los procedimientos existen para reproducir las cosas como están ahí, donde
se dan las desigualdades.
Comparto la afirmación
de J. Rancieri, de llamar orden policial
al sistema institucional que mantiene el lugar para cada clase, grupo,
individuo, y a la desigualdad organizada y reproducida en lugares y jerarquías.
Por eso me atrevo a
decir que en Nicaragua, como en América Latina en general, no hemos tenido
verdadera democracia nunca, y los llamados procesos democratizadores
transicionales o pos dictatoriales y pos transicionales no han sido más que
remedos de democracia. Lo que ha imperado en nuestras seudodemocracias han sido
“plutocracias”. Las democratizaciones ocurren cuando se constituyen sujetos con
autonomía que atacan y modifican el orden policial existente por algún lado o
en su totalidad y cuando estos surgen de revueltas igualitarias o de procesos
que buscan reformas en la distribución del poder político y socioeconómico para
reducir su carácter monopólico.
El lugar de la
democracia no está en los sistemas de partidos, ni en las urnas del sistema
electoral, ni en las instituciones del Estado, esto no son más que puntos
críticos de tránsito de su desplazamiento y de su expresión procesual del poder
político. El lugar verdadero de la democracia está fuera del orden policial,
está en su negación. Las revueltas sociales y las crisis políticas que
Nicaragua ha tenido en sus últimos treinta años, no han sido más que un
cuestionamiento al orden policial organizado por el sistema liberal y
neoliberal que ha reproducido el eje colonial. Los partidos políticos están en
crisis porque estos proceso y lugares se han vaciado de política democrática
han sido presa de la corrupción y se han convertido en instrumentos funcionales
al sistema que legaliza la concentración del poder y el excedente.
Finalmente, sobre este
punto, el lugar de la democracia está precisamente en los tiempos de crisis. En
Nicaragua vivimos esta crisis. La llamada “crisis de la institucionalidad”, de
los “poderes de facto”, no es más que el planteamiento de las disputas por el
excedente, la soberanía y la igualdad política producidas por la autonomía de
sujetos y autonomías políticas críticas. El lugar de la democracia es hoy la
disputa por la territorialidad de los diferentes grupos y movimientos sociales,
algunos auténticos y otros pseudos. La democracia no tiene lugares
privilegiados como un sistema de partidos, el conflicto social y la libertad
colectiva trabajan y organizan su comunicación fuera del orden policial y es
aquí donde se producen los lugares de la democracia como conjunto de puntos
críticos. Curiosamente la democracia se reduce cuando las desigualdades se
estabilizan y legalizan y lamentablemente los sistemas de partidos han sido
instrumentos para legitimar las desigualdades. La democracia al ser un régimen
de redistribución del excedente, necesita financiarse con parte de ese mismo
excedente, pues eso demuestra su capacidad de retención política como Estado.
Un Estado que no tiene capacidad para autofinanciarse no es democrático. Las
actuales reforma que ha experimentado el Estado, como resultado de las política
neoliberales, han entregado el excedente nacional al capital oligárquico local
y al transnacional.
En Nicaragua ha sucedido
que el lugar de la democracia ha sido un fuerte cuestionamiento a los ejes
colonialista y neoliberales que han reafirmado el diseño que nos dice que
debemos trabajar para otros y obedecer la voluntad de los monopolios.
Los
movimientos sociales y la desterritorialidad de la política.
Debemos decir en primer
término que el lugar de la política ha sido el conjunto de estructuras sociales
y los diferentes modos de acción en que a ellas se ha respondido. Los lugares
de la política son definidos por la forma de la sociedad, sus diversos
escenarios de institucionalización y la acción de legitimización de de las
mismas.
El Estado moderno ha
complejizado y diversificado el espacio central de la política reproduciendo
varios lugares de representación de los gobernados; la división de poderes y el
ejercicio del poder gubernamental. Este proceso de diversificación y ampliación
de los lugares de la política obedece a dos factores de desarrollo histórico
del Estado; la ciudadanía y la democratización y la diversificación y
complejidad estructural de lo moderno. Institucionalización y ciudadanización
son dos dimensiones que se relacionan en el funcionamiento del Estado. El
proceso de ciudadanización se ha convertido en el espacio de representación y
legislación del Parlamento en un sistema presidencialista, bajo el
reconocimiento de un conjunto de derechos políticos que se ejercen para acceder
al lugar central de la política. Sin embargo, la sociedad civil también se ha
constituido en un lugar donde es posible la práctica de la política fuera del
Estado. La Sociedad civil es un conjunto de lugares en los que se organiza
también la vida política no estatal.
En la medida en que las
instituciones de la sociedad se han estabilizado y delimitado, organizándose en
su diferenciación y estructura social, se han convertido en un conjunto de
lugares en que se hace política y se vuelve así en puente o medicaciones de las
demandas al interactuar hacia dentro de la sociedad civil y hacia el Estado.
Por el contrario, si
los sujetos y prácticas de los momentos políticos de la sociedad civil que
despliegan su acción en relación al Estado y la política nacional, rebasan,
explosionan y desplazan esos lugares de la política, es muy probable que esté
emergiendo un movimiento social.
¿Cuáles son los
principales rasgos que identifican y caracterizan a un movimiento social?
La realidad de los
movimientos sociales hoy en América Latina es compleja y ambivalente. A partir
del quiebre del consenso neoliberal se empiezan a gestar nuevas alternativas emancipatorias
que complican incluso las relaciones entre movimientos sociales y partidos de
izquierda o centroizquierda.
Se suma a esto un nuevo
peligro que advierte la profundización
del modelo extractivo-exportador acompañado de la acentuación de la criminalización
de la protesta social, la tendencia al cierre del espacio público en nombre de
la seguridad, la militarización de los territorios, la firma de liberalización
comercial y el tratamiento y la aprobación algunos casos, de leyes
antiterroristas en algunos países del continente.
La configuración del
mapa social de A.L. ubica las diferentes luchas y movimientos sociales que
plantean un serio cuestionamiento a los actuales regímenes de dominación y que
se pueden clasificar en dos tipos:
1.
Movilización del sector
público que ponen de relieve las fronteras de la precariedad. Esto incluye los
ámbitos de la salud, la educación, servicios públicos, luchas sectoriales
orientadas al Estado (ej. Las demandas del Instituto de Defensa al Consumidor,
la lucha estudiantil en Chile)
2.
Movilización que ponen
de relieve la exclusión. Movilizaciones urbanas y rurales de característica
territorial. Se trata de luchas por demandas de infraestructuras básicas y
trabajo, hasta la lucha contra el saqueo de bienes naturales y contra la
contaminación del medio ambiente (ej., campesinos, indígenas, TCP.). Estas se
orientan tanto al Estado como al sector privado.
Las
dimensiones del Movimiento Social las podemos distinguir por lo siguiente:
a)
Territorial:
este no es sólo un espacio de resistencia, sino también un lugar de
resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. UN espacio de
auto-organización comunitaria, constitutivo de los Movimientos sociales.
b)
Despliegan
una acción directa: no optan por lo convencional y su
acción es disruptiva, como una herramienta de lucha generalizada. El
agotamiento de la crisis de las mediaciones institucionales y la asimetría de
fuerzas hace surgir una fuerza
destituyente que n implica una acción instituyente.
c)
Democracia
directa: esta toma diversa formas a partir de
la acción colectiva no institucional. Esto es por la política institucional
devino cada vez más autorreferencial, ligada a una democracia delegativa, decisionista.
La democracia directa adquiere una forma directa, asamblearia, horizontal, no
jerárquica.
d)
Demanda
de autonomía: atraviesa desde los pequeños
colectivos culturales hasta grandes estructuras territoriales u organizaciones
de masa. La autonomía aflora como un eje organizativo y estratégico que remite
a la autodeterminación.
Finalmente
podemos decir que un movimiento social emerge cuando la acción colectiva
desborda los lugares estables de la política, tanto al interior de la sociedad
civil como hacia el Estado. Se alimenta buscando solidaridades y aliados que
avalen y certifiquen su cuestionamiento sobre los criterios y formas de
distribución de la riqueza social y de las formas de organización de la
sociedad, del estado y del gobierno. Los movimientos sociales tienen un tipo de
configuración nómada de la política, no tienen lugar fijo, ellos se desplazan
de la política institucionalizada hacia los lugares de fluidez, es decir, modos
de politización de lugares sociales o conjunto de estructuras y relaciones
sociales que habían sido neutralizadas o despolitizadas y por lo tanto legitimadas
en su forma de organización de algunas desigualdades. Los movimientos sociales
suelen hablar de aquello que no tiene lugar en la sociedad y no forma parte de
la agenda social, se habla de la ausencia de lo deseable y de lo que es posible
conquistar en el movimiento y en la reforma de los espacios políticos
existentes. Si una acción colectiva que no circula por los diversos lugares,
promoviendo sus objetivos, sus demandas, sus luchas, abriendo debates de temas
sociales que son deseables y que se articulan en una ola de agitación y de
desorden mediante las formas tradicionales e institucionalizadas de la
política, entonces no es un movimiento social.
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[1] La presente ponencia fue presentada en el I
Congreso Nicaragüense de Ciencias Políticas realizado en la UNAN, Managua, del
21 al 23 de septiembre de 2011.
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